PROPIEDAD PRIVADA Y REPRESIÓN A LOS INDÍGENAS EN LA PLAZA

Se acaba de aprobar el proyecto de ley que establece la modificación del articulo 142 de la ley 3.440/2008 que amplia las penas carcelarias para los invasores de tierra. Por protestas contra el mismo, un grupo de indígenas ha recibido una feroz represión policial.

Se trata de la ampliación de una ley que busca proteger todavía más la propiedad privada. Esto acontece en un país donde, si algo está bien custodiado y protegido, es la propiedad privada. Lo dicen los datos:  un país donde la ley permite que el  2, 5 % de la población acapare el 85% de la tierra cultivable y el 35 de la población campesina apenas tenga el 6%; un país donde solo 15 propietarios posee 1.500.000 mil hectáreas; un país que permite que algunos de los que han promovido y votado esta reforma de la ley sean parte de esos 15 mayores terratenientes del país; un país donde, además, los dueños de prácticamente todos diarios, tv y radios nacionales, encargados de mantenernos “bien y objetivamente informados” de lo que acontece, son propiedad de algunos de este mismo grupo de 15 privilegiados, que, además, también son legisladores.

En  Paraguay lo que verdaderamente se ha invadido y se sigue invadiendo de manera sistemática, impune y cómplice son los bienes públicos, las tierras comunales y las pertenecientes a los indígenas y campesinos. ¿Por qué no se empezó por ordenar esa situación? Son estos los que realmente necesitan de leyes de protección y de fuerzas de seguridad que las hagan cumplir. Y ademas de esto, están las casi 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, también  invadidas y acaparadas por ganaderos, personajes del régimen, sojeros y marcotraficantes. ¿Por qué tampoco ha empezado el ordenamiento por ahí...?

Es evidente la existencia de grupos organizados que tienen como modus vivendi invadir tierras o predios privados y que se aprovechan de campesinos que no tienen tierra. Pero ¿qué es esa realidad en comparación con el escándalo de las tierras mal habidas, invadidas y usurpadas a campesinos e indígenas, etc., que afecta a cientos de miles de paraguayos? ¿Qué sentido tiene la aplicación de penas de protección a la propiedad  que son más graves (hasta 10 años de prisión) que las que buscan cuidar la vida? Fruto de la herencia stronista, hasta hace poco la ley paraguaya penalizaba más severamente al que robaba una vaca que al que violaba a una mujer. Volvemos a lo mismo. Lo que quiero decir es que algo muy importante para la vida en sociedad ha sido gravemente trastocado por los mismos poderes del Estado.

Somos testigos de una reforma de la ley represiva y extremadamente violenta. Una ley pensada, no para proteger lo que en Paraguay está sumamente protegido, sino para ensañarse todavía más contra las organizaciones sociales y para criminalizar todavía más a los pobres.

Esta es una realidad más de humillación y de desprecio desatada contra los más indefensos y avasallados. Es una entre otras muchas ya vividas durante muchos gobiernos.  Es un verdadero dolor ver tanto sufrimiento y tanto desprecio hacia hijos e hijas de Dios. ¿Cómo lo estará viviendo Él?

Ante esta situación, decir que ipoive hápente oso la pióla (la cuerda se rompe siempre por la parte más débil), es decir demasiado poco; decir que este Congreso en su conjunto legisla para sí mismo y para sus ´jaras´, es decir demasiado poco; decir que muchos congresistas -ni mucho menos todos- viven de espaldas a los padecimientos de la gente de su país, es decir demasiado poco; decir que no es culpa del sistema democrático, sino de los que se han apoderado de él, sigue siendo decir demasiado poco.

Se aproxima más a la realidad vivida decir que no hay violencia más violenta y más detestable que la de un Gobierno que pone sus tres poderes y sus fuerza policial a las órdenes, no del bien común, sino de una minoría insaciable; la violencia de un gobierno que cae encima de sus propios ciudadanos más humildes con todo su aparataje, tan legal como injusto, para intimidarlo, reprimirlo y seguir facilitando el expolio de lo que en justicia les corresponde, convirtiéndolos en parias en su propio país. Intolerable: Hizo y aprobó el proyecto de ley el Congreso, lo selló con su firma el presidente del país, actuó reprimiendo y enviando de vuelta a los indígenas en camiones de carga la policía, y se activó el Poder judicial... ¿A ver quién se atreve otra vez?