TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (5).

Es constatable la indignación ciudadana con buena parte de la clase política. Los tiempos de pandemia siguen sacando a la luz el estado de putrefacción de los distintos estamentos del Estado. Como fruto del hartazgo van surgiendo inquietudes, iniciativas políticas nuevas; también hay personas que han decidido incorporarse a alguno de los partidos ya existentes. Se busca vigorizar el esfuerzo que hace un pequeño grupo de diputados y senadores que siguen dando lo mejor de sí por el bien del Paraguay. Es alentador porque el cambio tiene que venir desde muchos lados y desde diferentes grupos, colectivos y organizaciones.
Con uno de esos nuevos grupos que buscan el cambio participé hace poco en un encuentro online. Son personas que aman al país, que viven con gran indignación la situación reinante y que sueñan dejar un Paraguay mejor para todos. Una cuestión a ahondar de su Ideario era la propiedad privada. Su borrador hacía referencia a su “compromiso en la defensa irrestricta de la propiedad privada”. Varios días me quedó resonando fuerte esa frase. Y dado que son personas definidamente católicas, con vocación de hacer política permeada por esa opción de fe –y que también hay otros de raigambre católica con cargos en el Congreso- acudí a la Doctrina Social de la Iglesia. Cabe señalar, antes que nada y como dice el Papa, que “una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Por eso, los invito a que vivan su fe con gran libertad, sin creer jamás que existe una única forma de compromiso político para los católicos”.
Con relación a la propiedad privada el Catecismo de la Iglesia nos habla de la legitimidad de la apropiación de bienes, pero con el sentido de garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Y esto para “ayudar a cada una a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo”. No es para cualquier cosa: tiene un sentido, no es para acaparar sin tino. Además, el mismo Catecismo, en el n. 2403, matiza la afirmación señalando que, “el derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad”. La tierra como donación al conjunto de la humanidad es la clave de todo; es lo que Juan Pablo II llamó ‘hipoteca social’ que pesa sobre la propiedad privada. Es decir, que “el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común -y no otra cuestión egocentrista- exija el respeto de la propiedad privada. En el n. 2404 vuelve a insistir que “el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no sólo a él, sino también a los demás”. El 2405 y el 2406 dice que “los bienes de producción —materiales o inmateriales— como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Y los deben usar “con templanza reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre”. El n. 2406 nos dice que “la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad”.
La tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como derecho absoluto e intocable como se nos quiere presentar a veces; lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera: como subordinado al destino universal de los bienes. Es éste último el que afirma el señorío de Dios sobre toda realidad y la exigencia de que los bienes de la creación sirvan al buen vivir de toda la humanidad. Por ello los pobres, los marginados deberían ser los primeros destinatarios. Pero si miramos nuestro país, nada más lejos de la realidad. Nuestra situación real, muy sintéticamente, nos dice que apenas un 2,5% de la población del país acumula el 85% de sus tierras agrícolas; que solo el 6,3% de la tierra cultivable está en manos de familias campesinas; que el 80% del campesinado, aproximadamente un 35% de la población, no posee tierras para sobrevivir; que los títulos de propiedad de tierras mal habidas (tierras entregadas con graves irregularidades a no sujetos de la reforma agraria) alcanzan 7.851.295 millones de has., inmensa cantidad de tierra que fue a parar en manos de latifundistas, políticos y personas vinculadas al régimen. Si miramos la situación de los indígenas, 145 comunidades reportaron apropiación indebida de sus tierras por parte de grandes propietarios; 134 comunidades declararon no tener tierras, 399 familias de una sola etnia viven en las calles de Asunción porque fueron expulsadas de sus lugares de origen. Por otro lado, se sigue expulsando campesinos a los márgenes de las ciudades; hasta reservas declaradas patrimonio del Estado, como el caso de la reserva de San Rafael, no escapa del acaparamiento.
En Paraguay, si algo disfruta de buena salud y campea a su entero arbitrio, es una irrestricta violencia de la propiedad privada, básicamente útil para sus propietarios y un grupo absolutamente minoritario, en lo que a la tierra se refiere. El latifundio es la antítesis de lo que dice la DSI con respecto al uso de los bienes. La cenicienta, la pobre, lo inexistente es la defensa de la propiedad pública, que se sigue repartiendo como un botín de los que detectan el poder. La riqueza en un sentido amplio -que es un bien común, patrimonio para el buen vivir de todos los que habitan esta tierra- ha sido violentamente sustraída y arrebatada, al amparo derecho irrestricto a la propiedad privada. La mentalidad que concibe la propiedad privada de modo irrestricto es un verdadero peligro. Tiene inoculado un doble germen, que Francisco llama el paradigma tecnocrático: cree que los recursos de la tierra son ilimitados, inagotables, infinitos y son para ser explotados al máximo; y, lo que es peor, que son para los más ambiciosos, los más consumistas, los más individualistas. Esta mentalidad dice el Papa nos ha llevado al borde de la destrucción civilizatoria y está amenazando la misma supervivencia humana. Pero éste es un tema para otro momento. Por ahora baste decir que ojalá surjan movimientos, partidos en nuestro país con la determinación de tomar bien en serio el derecho irrestricto, sí, pero de recuperar, defender y cuidar los bienes públicos y que realmente ayuden al buen vivir de todos los que habitamos y amamos esta tierra.

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